El Gobierno ha iniciado una demanda para recuperar más de $236 millones que el exvicepresidente Amado Boudou percibió en concepto de jubilación de privilegio. La administración sostiene que estos pagos fueron cobrados indebidamente. La Justicia ha dado curso a esta presentación, lo que marca un paso importante en la recuperación de fondos públicos.
El Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitieron un comunicado donde anunciaron la promoción de una demanda para el recupero de los haberes percibidos indebidamente por Boudou. Este beneficio corresponde a la asignación vitalicia que recibió durante su tiempo como ministro de Economía en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Justificación de la Demanda
La administración de Javier Milei, a través de sus ministros, argumenta que el beneficio de privilegio fue revocado debido a que Boudou fue declarado autor penalmente responsable de delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función pública. Mediante dicha acción se reclama la suma de $236.066.031,25, destacaron, añadiendo que este monto podría incrementarse por la pertinente actualización.
El reclamo fue presentado ante la Justicia Civil y Comercial Federal, que ya ha ordenado el traslado de la demanda. En noviembre de 2024, el Gobierno había revocado la jubilación de Boudou tras su condena en la causa Ciccone, un caso de corrupción que lo llevó a cumplir una pena de prisión domiciliaria.
Revocación de la Jubilación de Boudou
El director de ANSES, Mariano de los Heros, anunció la decisión de eliminar la jubilación de privilegio que cobraba Boudou. Con el mismo criterio que se aplicó a Cristina, se suspenderá la jubilación de privilegio a Amado Boudou, afirmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Esta resolución se tomó tras la confirmación de la condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner, lo que llevó al Gobierno a revisar los beneficios otorgados a funcionarios involucrados en actos de corrupción.
La revocación se basa en el argumento de que haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública hace inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio. En diciembre de 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou a cinco años y diez meses por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, y actualmente cumple su pena con prisión domiciliaria.
Este caso pone de relieve la lucha del Gobierno por recuperar fondos y mantener la integridad de las instituciones, mientras enfrenta la controversia y las repercusiones de decisiones judiciales previas.
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